Rodríguez Saá protege a Tamayo: Rentas se negó a brindar información pública sobre el convenio entre el intendente y Edesal
El concejal Guillermo Araujo solicitó detalles en dos oportunidades sobre el pago del impuesto de Sellos, pero la dependencia del Gobierno no contestó incurriendo en “una violación” de la legislación provincial. Dijo que detrás de esto se encuentra el Gobierno “tratando de evitar esclarecer el hecho”.
A más de cuatro meses de la firma, siguen los interrogantes y dudas sobre el acuerdo entre el intendente Sergio Tamayo y Edesal, en donde le reconoce a la empresa una deuda de $25 millones además de cederle el cobro de las tasas municipales en la boleta de la luz.
La falta de transparencia del convenio volvió a quedar en evidencia cuando el concejal Guillermo Araujo, amparado en la Ley V-0924-2015 de Acceso a la Información Pública pidió al Gobierno obtener detalles sobre el pago del impuesto a Sellos.
El legislador de San Luis Unido-Avanzar, presentó de manera formal hace un mes dos notas en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP), para conocer datos sobre el pago de esta carga.
Araujo explicó que el pedido tenía como fin “corroborar la posible comisión del delito de evasión”.
Ante la falta de respuesta de la repartición del Gobierno provincial este martes envió una carta documento intimando a la titular de la DPIP, Cecilia Badaloni para que conteste la solicitud.
“No quiero ser mal pensado, pero pareciera verse la mano de Alberto Rodríguez Saá tratando de evitar esclarecer el hecho”, sostuvo el edil.
Los cuestionamientos al acuerdo que refrendó Tamayo obedecen a que previamente, Edesal tenía una deuda de $64 millones a favor de la Municipalidad de San Luis. Tras la firma, dejó de existir y paso a deberle a la firma $25 millones.
El concejal insistió en que si la comuna no pagó Sellos “se estaría incurriendo en otro delito, además de lo ya denunciado, que es la evasión de impuestos”.
“No quiero suponer nada, pero a la luz de los hechos y dado que ya se han vencido los plazos ampliamente y no han contestado, evidentemente no están dando la información necesaria para esclarecer este hecho”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.
El Régimen de Acceso a la Información Pública prevé el derecho a “solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano” del Estado.
El pedido debe realizarse “por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad" y "no puede
exigirse la manifestación del propósito" para el cual la necesita.
La legislación estipula que la respuesta debe "ser satisfecha en un plazo no mayor de 10 días hábiles administrativos".
“Cuando vemos que desde una oficina provincial no quieren dar información sobre este tema lleva a pensar que, entre todos, estos que son dependiente del gobernador, están teniendo una intención de ocultar o poner trabas para esclarecer el hecho”, subrayó Araujo.